Relatores especiales de las Naciones Unidas defienden etiquetado de advertencia frente a amparos de la industria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México

• El relator sobre el Derecho a la Alimentación y la relatora sobre el Derecho a la Salud envían carta para señalar su preocupación por los intentos de la industria de litigar en contra del etiquetado frontal de advertencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• La carta enfatiza que el etiquetado frontal de advertencia es una medida clave para garantizar el derecho a la alimentación y la salud, incluyendo los derechos niñas y niños.
• Hacen un llamado a todos los actores, incluyendo a la industria de alimentos y bebidas en México, a abstenerse de bloquear o debilitar el etiquetado frontal de advertencia.

Ciudad de México, 8 de noviembre, 2022. Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, y del Derecho a la Salud, Tlaleng Mofokeng, escribieron una carta el 4 de noviembre dirigida a la Alianza por la Salud Alimentaria, la cual fue compartida a las y los ministros de México, para expresar su preocupación sobre los intentos de la industria de socavar el etiquetado frontal de advertencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La carta abierta fue enviada para responder a solicitudes de la sociedad civil sobre la opinión de los expertos de las Naciones Unidas al respecto del etiquetado frontal de advertencia.

Los relatores especiales tienen el mandato desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover la realización del Derecho a la Alimentación y a la Salud, y medidas y políticas que garantizan estos derechos. Están encargados de supervisar la situación de estos derechos en todo el mundo e informar a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre estos derechos y comunicar sobre posibles violaciones en el mundo.

Los relatores celebran el etiquetado frontal de advertencia destacando que: “El EFA [etiquetado frontal de advertencia] en México no sólo es una solución política encomiable para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sino también una práctica de buen gobierno, ya que se basó en pruebas científicas independientes y fue el resultado de una toma de decisiones pública transparente y participativa dirigida por el gobierno.”

Además, los relatores notan las obligaciones de los actores privados, como la industria de alimentos y bebidas, indicando que la industria también está obligada a proteger y respetar los derechos humanos, incluyendo las políticas públicas desarrolladas en el interés de la salud pública, como es el etiquetado frontal de advertencia.

Declara que “Las empresas no deben socavar la capacidad de los Estados para cumplir con sus propias obligaciones en materia de derechos humanos, incluso mediante acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos judiciales. Por lo tanto —agregan—, nos preocupan los informes sobre los intentos de la industria de alimentos y bebidas en México de socavar las políticas del EFA, incluso a través de un litigio excesivo en la Suprema Corte, a pesar de su estrecha participación en las consultas públicas previas a la adopción del EFA.”

En su carta, los relatores afirman que el gobierno tiene la obligación de proteger el Derecho a la Salud y a la Alimentación, y los Derechos de la Infancia. Estas obligaciones están consagradas en la Constitución de México y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las ONU, ratificado por México en 1981.

Confirman que la implementación del etiquetado frontal de advertencia contribuye al cumplimiento de esta obligación de proteger los derechos, desalentar el consumo de alimentos y bebidas no saludables y reducir los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles.

Además, la carta destaca que el Estado también tiene la obligación de proteger la población “contra medidas regresivas, por ejemplo, la retirada de una medida que protege el Derecho a la Alimentación sin una justificación adecuada.”

La opinión de los relatores que tienen como misión supervisar los Derechos a la Alimentación y la Salud a través del mundo debe ser un recordatorio a los Estados de su obligación de desarrollar y proteger las políticas de la salud pública, y a las empresas de alimentos y bebidas de actuar con ética y respetar las políticas públicas que garantizan los derechos humanos.

Los mensajes de los relatores están también reflejados en docenas de cartas y Amicus Curiae entregadas a la Corte en estos días desde organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales e investigadores nacionales e internacionales, que están profundamente preocupados por la presentación de amparos contra el etiquetado frontal de advertencia en la Suprema Corte que pueden poner en riesgo una política que ha sido vista a través del mundo como ejemplar, celebrada por autoridades y expertos del más alto nivel.

Descarga Carta de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, y el Derecho a la Salud, Tlaleng Mofokeng, aquí

Descarga comunicado de prensa aquí